Veda Electoral

En apego a lo señalado en los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 449, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en cumplimiento a las acciones preventivas difundidas mediante Acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE/CG124/2019 con motivo del proceso electoral local extraordinario 2019 de Puebla, este contenido será modificado temporalmente.

¿Qué hacemos?

El Sistema Estatal  Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Nuestra estructura

Los Sistemas Locales Anticorrupción, deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las del Sistema Nacional Anticorrupción, tienen acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones; emiten recomendaciones, políticas públicas e informes; asimismo  cuentan con atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan.

Trabajo institucional

El Sistema Estatal Anticorrupción es un esfuerzo de coordinación que se da entre todas las instituciones que están relacionadas con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

La Auditoría Superior es la unidad de fiscalización, control y evaluación dependiente del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, y cuenta con las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Rendición de Cuentas, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla y la legislación aplicable en el Estado en materia de Responsabilidades Administrativas.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, con competencia en todo el Estado,  tiene como fin  la investigación y persecución de los hechos con apariencia de delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o por particulares por hechos de corrupción.

La Secretaría de la Contraloría tiene por objeto garantizar a la sociedad el adecuado ejercicio de los recursos públicos del Gobierno del Estado de Puebla, con acciones preventivas apegadas a la legalidad, promoviendo una administración eficiente, eficaz, transparente, honesta y orientada a la rendición de cuentas, a través de mecanismos de coordinación, evaluación, control, supervisión y modernización de la gestión pública.

El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo del Poder Judicial, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la administración, vigilancia, disciplina, selección y carrera judicial.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) es un organismo público autónomo, independiente, especializado, imparcial, colegiado y de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio; responsable de promover, difundir y garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en la entidad

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y para imponer, en los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos, según corresponda.